Mientras Cristina Kirchner y sus hijos buscan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial en la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza la iniciativa para decomisar 141 bienes, entre ellos los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner incautados en la causa Hotesur. Sobre estos fondos, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) aguarda un informe clave del Banco Galicia para avanzar con el decomiso.
El TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es responsable desde hace un año de ejecutar la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, entre otros.
Una de las consecuencias inmediatas tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema el 14 de junio de 2025 no solo es la privación de la libertad y la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, sino también el decomiso de bienes. Este último constituye el mecanismo para intentar recuperar los 685.000 millones de pesos fijados como monto del fraude mediante 51 licitaciones direccionadas, caracterizadas por irregularidades, sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
Hace veinte días, la Cámara de Casación dejó firme la orden que el TOF 2 había emitido en noviembre pasado para avanzar en el decomiso de 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Aunque Cristina Kirchner y sus hijos presentaron un recurso ante la Corte Suprema para suspender esta ejecución patrimonial, en Comodoro Py sostienen que dicho recurso no suspende la decisión ratificada de iniciar la ejecución de bienes de los nueve condenados, con el fin de cubrir el multimillonario fraude.
Por su parte, el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del TOF 2 y responsable de la ejecución de la pena, requirió a organismos como el Registro de la Propiedad Inmueble informes sobre 141 propiedades, en su mayoría pertenecientes a Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de 141 inmuebles —13 a nombre de sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculadas a Lázaro Báez—, además de 46 automotores.
Junto a un detallado inventario de propiedades, los fiscales Luciani y Mola reclaman como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, así como 992.134 dólares en una caja de ahorro del Banco Galicia y más de 53 mil pesos.
Estas sumas corresponden a divisas que, según la justicia federal, la familia Kirchner “nunca logró justificar” en cuanto a su origen lícito. Este dinero está secuestrado en el marco de la causa Hotesur, donde Cristina y Máximo Kirchner están procesados y enviados a juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que las medidas impulsadas buscan “proveer sobre los bienes que el Ministerio Público identificó como susceptibles de decomiso”. En su mayoría, y tras un fallo relevante de la Cámara de Casación que despeja ese camino, estas medidas están cumplidas. No obstante, aún falta información puntual, destacándose el reporte pendiente del Banco Galicia sobre los cinco millones de dólares embargados a Florencia Kirchner en la causa Hotesur.
El TOF 2, cuando en noviembre pasado ordenó la primera ejecución de bienes como parte del decomiso, estableció un criterio central: todos aquellos bienes incorporados al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015, período en que se desarrolló la maniobra defraudatoria, serán susceptibles de ejecución.
En esta segunda etapa, adicionalmente, se incluyen propiedades como el hotel Alto Calafate, cuya documentación también se aguarda; el departamento de San José 1111, propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA (empresa familiar Kirchner investigada por lavado de dinero); la residencia en la costanera de Río Gallegos; y la casa en El Calafate, entre otros inmuebles.
El listado abarca asimismo los dólares que Cristina Kirchner transfirió a nombre de su hija Florencia y que la justicia considera producto de maniobras de lavado.
El objetivo principal es cubrir la cifra que los peritos contables de la Corte fijaron en 684.990.350.139,86 pesos, monto que el fiscal Luciani definió como “la defraudación colosal a la Administración pública”.
Según el representante del Ministerio Público, varios de los condenados “poseen fortunas de opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para comenzar, al menos, el complejo proceso de recuperación de activos provenientes de los actos de corrupción cometidos durante 12 años”.
Asimismo, al ordenar avanzar sobre los bienes adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el TOF 2 dispuso que, en la primera tanda sobre la que Cristina Kirchner recurrió a la Corte, se incluya el avance sobre 19 inmuebles que la ex presidenta heredó a sus hijos en 2016, a título gratuito y en partes iguales. Para la justicia, estos inmuebles fueron incorporados a su fortuna mientras la administración fraudulenta estaba en curso.
Cuando presentó el segundo pedido de decomiso, el fiscal Diego Luciani argumentó: “Para la sociedad argentina, cuyos intereses este Ministerio Público Fiscal representa, es fundamental que la Justicia exija el acatamiento estricto de la ley a todas las personas por igual. En otras palabras,
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